Género, justicia y violencia política en Perú: El caso de la comunidad campesina de Llinqui (Aymaraes, Apurímac)
Las víctimas de la violencia política
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó en su informe de 2003[i], que las principales víctimas del conflicto vivían en los departamentos más empobrecidos del país y que en su mayoría eran campesinos: del total de víctimas registradas, 79% vivía en zonas rurales y 56% realizaba actividades agropecuarias. A esto se sumaron las profundas desigualdades étnicoculturales: del total de víctimas fatales registradas, 75% tenía como lengua materna el quechua u otras lenguas nativas, y 68% presentaba niveles inferiores de educación secundaria. La CVR identificó que, del total de víctimas registradas, la organización Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) fue el principal responsable por crímenes y violaciones a los derechos humanos con el 54%, siendo una excepción en América Latina; seguidamente, las Fuerzas Armadas fueron responsables de 29% de las víctimas. En suma, la investigación mostró que la principal víctima del conflicto fue la población con menos derechos en el país e intentó legitimarla mediante acciones y políticas con marcado énfasis en su etnicidad[ii]. No obstante, presentó limitaciones propias del periodo de transición, que llevaron a un análisis más breve y limitado de la región Apurímac, con excepción de las provincias más cercanas a Ayacucho.
Revictimizaciones
En 1986, el PCP-SL había incendiado el local de la municipalidad del distrito de Toraya, con autoridades y funcionarios dentro del mismo. Además de la tragedia humana, las comunidades del distrito pasaron por un serio problema de indocumentación, afectando principalmente a los más jóvenes, quienes obligatoriamente debían inscribirse al registro militar; de lo contrario, quedaban marcados como omisos y eran acusados de terrorismo con pedido de requisitoria[iii]. La CVR identificó a los indocumentados como víctimas y recomendó la regularización de su condición jurídica para restituir sus derechos ciudadanos[iv]. Sin embargo; la problemática de los indocumentados del distrito de Toraya se prolongó durante mucho más tiempo, como señala Enver Quinteros[v].
Asimismo, la CVR adoptó una definición de víctima que no dependía de la conducta previa de la persona; no obstante, estableció lo que Julie Guillerot y Lisa Magarrell denominan “un trato diferenciado entre ciertas categorías de víctimas, trazando la línea sobre la base de criterios ético morales generales en torno al papel de las dos partes del conflicto y no sobre la base de la participación en las graves violaciones de los derechos humanos”[vi]. Este trato diferenciado se ahondó con el programa de reparaciones, que excluyó a las organizaciones político-militares, obedeciendo a los intentos de atenuar fricciones con las Fuerzas Armadas y el fujimorismo, que aún poseían una presencia importante en la transición, como constata María Eugenia Ulfe[vii].
Género y registros de víctimas
Conviene subrayar que la CVR incorporó una unidad de género en su investigación, siendo una de las primeras comisiones de la región en integrar dicho enfoque, pese a las dilaciones en constituir la línea de género, las discusiones en torno a la transversalidad del enfoque y su ejecución, y las limitaciones técnicas y de recursos, como señala Narda Henríquez[viii]. En su informe final, la CVR reconoció las múltiples violencias contra las mujeres por su género, así como los efectos de las violencias indirectas y los nuevos roles que debieron asimilar para sobrevivir, mostrando a través de los testimonios de las mujeres las múltiples violaciones a sus derechos humanos.
La CVR identificó que la mayoría de las víctimas eran mujeres analfabetas o con educación primaria, quechuahablantes y rurales provenientes de la zona sur andina, y los principales perpetradores (83%) eran agentes del Estado[ix]. Asimismo, la CVR concluyó que existía una subrepresentación de casos por temor, vergüenza y sentimientos de culpa, que dificultaban la narración de los hechos de violencia sexual, ignorados mayormente por los familiares, y una invisibilización de estas violencias frente a otros casos de violaciones a los derechos humanos[x]. A esto se sumó que la base de datos de la CVR, anterior a las recomendaciones sobre género[xi], había consignado los casos de violación sexual y no de otras formas de violencia sexual; además, solo había registrado a víctimas identificadas con nombre y apellido, como señala Julissa Mantilla[xii], abogada responsable de la línea de género. En este sentido, Michele Leiby consiguió identificar, a partir de la revisión de los testimonios archivados de la CVR, 249 incidentes de violencia sexual no incluidos en la base de datos, considerando aquellas víctimas no identificadas, así como los matices lingüísticos y culturales usados en los relatos para describir indirectamente las violencias[xiii].
A estas dificultades, Gisela Astocondor Salazar, Andrea Ofracio Serna y Tania Raico Gallardo indican algunos obstáculos para judicializar los casos, como la necesidad de pruebas de hecho sin enfoque sensible al género, la falta de responsabilidad de los autores de los crímenes y las dificultades para tipificar delitos con normativa internacional, lo que conlleva a un alargamiento de las investigaciones y nuevas revictimizaciones[xiv]. De los casos documentados por la CVR sobre violación sexual, 3 continúan en proceso (caso Chumbivilcas de Cusco, casos Manta y Vilca de Huancavelica) y 1 tuvo sentencia en 2016 (caso MMB de Lima). De los casos presentados por organizaciones de derechos humanos, algunos fueron archivados, como el de las bases de Capaya y Santa Rosa de Apurímac, y otros siguen en juicio, como el caso de las esterilizaciones forzadas. Cabe resaltar las dificultades adicionales que vienen enfrentando las víctimas campesinas, quechuahablantes y de zonas rurales, quienes deben paralizar sus actividades cotidianas para acudir a las audiencias, realizadas principalmente en Lima.
Mujeres de Llinqui: Entre el silencio y los estigmas
Llinqui es una comunidad campesina localizada en la sierra central sur del Perú, en el distrito de Toraya, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac. De geografía altoandina, en 1967 tenía una población cercana a los 300 habitantes. Hacia finales de la década de 1970, Llinqui buscaba afirmar su autonomía como comunidad campesina para proteger sus territorios e integrarse al mercado nacional. Sin embargo; el conflicto armado interno, que afectó a la comunidad de Llinqui entre los años de 1986 a 1997, produjo terribles secuelas en medio de violencias extremas.
La situación en la comunidad de Llinqui era complicada, debido a que algunos comuneros habían sido secuestrados o reclutados forzadamente durante el conflicto, pasando a ser fichados como senderistas. Los familiares sufrieron estigmas, incluso acusaciones de ser senderistas, por lo que debieron resignarse a no obtener más noticias de sus parientes, salvo mediante los propios miembros del PCP-SL[xv].
Cuando se instalaron las bases militares de Capaya y Santa Rosa en 1986, la situación de las comunidades campesinas se agravó. En Llinqui, un grupo de comuneros fue detenido arbitrariamente bajo acusaciones de terrorismo en 1987, siendo sometido a diversas torturas, incluidas violencias sexuales. Algunos comuneros fueron liberados en pocos días; otros fueron retenidos por un periodo de hasta tres años, y trasladados a otras dependencias carcelarias fuera de la provincia, dificultando su condición jurídica. En ese contexto, los familiares de los detenidos tuvieron que movilizarse y procurar alguna asesoría legal para resolver la situación de las víctimas: a veces, la contratación de un abogado y el pago de cada trámite no resolvía la situación de los detenidos[xvi]. En pocos casos, quienes poseían más contactos y recursos pudieron negociar su libertad[xvii].
En cuanto a las violencias de género, ninguno de los tres casos identificados de violencia sexual fue denunciado a la CVR, aunque dos de ellos se registraron en el Censo por la Paz. De esas víctimas, sólo una consiguió tramitar la reparación, en parte debido a la inclusión de otras formas de violencia sexual a partir de 2010. Cabe suponer el silencio sobre otros casos de violencia contra la mujer (no solo sexual), dadas las dificultades de reconocerse como víctima, los estigmas asociados a dichas violencias o las estrategias que adoptaron para sobrellevar las violencias, como bien resume Kimberly Theidon para el caso ayacuchano[xviii]. Además, la dimensión de género se expresaba en otros tipos de sufrimiento menos evidentes, como las dificultades tras el asesinato de los maridos (una víctima), las detenciones junto a sus menores hijos (dos víctimas), las acusaciones de brujería (una víctima), los padecimientos en la búsqueda por justicia o la propia sobrevivencia de los hijos: como menciona Theidon, existía una “división del trabajo emocional según el género, así como un sello de género de la memoria”[xix].
Dificultades para estudiar la cuestión de género
Este artículo forma parte de una investigación mayor acerca de memorias sobre la violencia política y las conmemoraciones de víctimas en dos comunidades rurales, una de Argentina y otra de Perú. Para ello, se realizaron trabajos de campo en la comunidad campesina de Llinqui en 2015 y 2016, contando con el apoyo de la oficina regional apurimeña de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Durante la estadía en Llinqui, pude constatar dos dificultades para estudiar la cuestión de género en la violencia política. La primera reside en la propia mirada del investigador para percibir algunas sutilezas en los testimonios de las mujeres que, si bien no explicitan las violencias sufridas como violencia de género, sí mencionan que las mujeres sufrieron más, lo que debería ser tomado en cuenta para comprender el sello del género en las memorias. La segunda dificultad radica en el silencio autoimpuesto de algunas mujeres, quienes filtraron u omitieron el relato de algunas violencias vividas, de las que tuve conocimiento por otros testimonios, especialmente de hombres. [xx]
Referencias Bibliográficas
Astocondor Salazar, Gisela; Ofracio Serna, Andrea y Raico Gallardo, Tania. “La judicialización de la violencia sexual en el conflicto armado en Perú: a propósito de los recientes estándares internacionales de derechos humanos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte IDH”. Revista IIDH 53 (2011): 213-259. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26700.pdf
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe final. Lima, 2003, https://www.cverdad.org.pe/ifinal/
Delacroix, Dorothée y Valérie Robin Azevedo. “Categorización étnica, conflicto armado interno y reparaciones simbólicas en el Perú post – Comisión de la verdad y reconciliación (CVR)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates (2017). https://doi.org/10.4000/nuevomundo.71688
Guillerot, Julie y Lisa Magarrell. Reparaciones en la transición peruana. Memorias de un proceso inacabado. Lima: APRODEH – ICTJ, 2006.
Henríquez, Narda. Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú. Lima: CONCYTEC, 2006.
Leiby, Michele. “Documentando la violencia sexual en los conflictos armados: el caso peruano”, Memoria 14, dossier (2014). http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2015/05/02160951/revmem014dossier.pdf
Mantilla, Julissa. “La Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú y la perspectiva de género: principales logros y hallazgos”, Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos 10 (2010): 195-218. http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/166
Quinteros, Enver. “Distrito de Toraya”. En Historias y memorias del Conflicto armado interno en las Comunidades campesinas de Aymaraes, Apurímac, 11-35. Apurímac: APRODEH, 2014.
Theidon, Kimberly. “Género en transición: sentido común, mujeres y guerra”, Memoria 1 (2007): 9-28.
Ulfe, María Eugenia. ¿Y después de la violencia qué queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú. Buenos Aires: CLACSO, 2013.
NOTAS
[i] Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe final (Lima: 2003).
[ii] Dorothée Delacroix y Valérie Robin Azevedo, “Categorización étnica, conflicto armado interno y reparaciones simbólicas en el Perú post – Comisión de la verdad y reconciliación(CVR)”, Nuevos Mundos Nuevos Mundos, Debates (2017), https://doi.org/10.4000/nuevomundo.71688
[iii] PHB, entrevista por Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), 15 de mayo de 2012.
[iv] CVR, Informe final, 9:183-187.
[v] Enver Quinteros, “Distrito de Toraya”, en Historias y memorias del Conflicto armado interno en las Comunidades campesinas de Aymaraes, Apurímac (Apurímac: APRODEH, 2014), 28.
[vi] Julie Guillerot y Lisa Magarrell, Reparaciones en la transición peruana. Memorias de un proceso inacabado (Lima: APRODEH – ICTJ, 2006), 144.
[vii] María Eugenia Ulfe, ¿Y después de la violencia qué queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú (Buenos Aires: CLACSO, 2013), 47.
[viii] Narda Henríquez, Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú (Lima: CONCYTEC, 2006), 116-118.
[ix] CVR, Informe final, 6:275-277.
[x] CVR, Informe final, 6:274-275.
[xi] Henríquez, Cuestiones de género, 118.
[xii] Julissa Mantilla, “La Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú y la perspectiva de género: principales logros y hallazgos”, Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos 10 (2010): 201, http://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/166
[xiii] Michele Leiby, “Documentando la violencia sexual en los conflictos armados: el caso peruano”, Memoria 14, dossier (2014), https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2015/05/02160951/revmem014dossier.pdf
[xiv] Gisela Astocondor Salazar, Andrea Ofracio Serna y Tania Raico Gallardo, “La judicialización de la violencia sexual en el conflicto armado en Perú: a propósito de los recientes estándares internacionales de derechos humanos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte IDH”, Revista IIDH 53 (2011), https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26700.pdf
[xv] JRQ, entrevista por APRODEH, octubre de 2012.
[xvi] TSC, entrevista por APRODEH, 14 de mayo de 2012; FO, entrevista por APRODEH, octubre de 2012; PAA, entrevista por APRODEH, octubre de 2012.
[xvii] RQA, entrevista por APRODEH, 23 de mayo de 2012.
[xviii] Kimberly Theidon, “Género en transición: sentido común, mujeres y guerra”, Memoria 1 (2007).
[xix] Theidon, “Género en transición”, 13.
Trenzar Memorias, No. 2, Noviembre, 2021
